HACER ARQUITECTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Centro Polideportivo de la Higuerita. Vista del espacio interior de piscina

El paisaje político y del funcionariado responsable de la promoción de obra pública suele estar colonizado por personajes que promueven la ventaja personal por encima de cualquier otra consideración y para los que la tarea ética de conseguir los mejores edificios y espacios colectivos es un asunto a situar en un segundo plano. Aunque como es lógico siempre existen honrosas excepciones dentro de este mundo, personas imbuidas por una consciencia ética singular que trabajan denodadamente para superar un sistema orientado a la igualación y mediocridad de las actuaciones orientadas al servicio colectivo.
Viene esta digresión a cuento de una experiencia personal relacionada con la construcción de un edificio de equipamiento deportivo que hemos terminado recientemente y que ha supuesto esfuerzos considerables para el equipo que dirijo. Es una historia que nos ha ocupado durante los últimos 5 años y que ofrece una oportunidad para reflexionar sobre los avatares que están normalmente detrás de las imágenes glamourosas finales que se presentan en los medios profesionales. Textos, gráficos y fotografías que ocultan normalmente las dificultades y esfuerzos de todo tipo que supone intentar hacer una obra de arquitectura coherente con las necesidades reales de nuestras sociedades contemporáneas.
El edificio en cuestión, cuyas imágenes y planos hemos presentado más extensamente en el blog de mi oficina, es una construcción destinada a la práctica conjunta de varios deportes y espacios sociales, entre los que destacan la natación, baloncesto y la gimnasia junto con un centro para atender específicamente las necesidades de las mujeres del barrio. El conjunto sociodeportivo de La Higuerita está situado en un municipio importante de mi isla, La Laguna, y se ha planteado para dar servicio a un barrio con unas deficiencias dotacionales muy importantes.

Vista aérea del edificio en su entorno inmediato

Un objetivo social loable en principio, liderado por unos dirigentes políticos conscientes de las necesidades a suplir a la población, se fue convirtiendo poco a poco en un calvario de papeles, burocratizado en extremo y fiel reflejo de las carencias y dificultades ejecutivas que existen en las administraciones locales de este país.
En España, una iniciativa pública puede llevar años, incluso décadas, lastrada por prácticas burocráticas implantadas paulatinamente a lo largo del tiempo y en las que la simplificación administrativa brilla por su ausencia. Si a ello se añade la ineficacia de unos cuerpos funcionariales que en muchos casos desconocen masivamente la propia reglamentación aplicable, la resolución de los problemas puede llegar a ser titánica.
Con carácter previo a la formulación de la iniciativa, obra, actividad o lo que sea, debe abrirse un expediente justificativo de que la propia administración actuante no tiene capacidad para llevar a cabo el acto por si misma. Se debe contar también con partida presupuestaria aprobada y consignada dentro del presupuesto anualizado o, en otro caso, se debe proceder a la modificación precisa para su encaje económico. Este procedimiento previo puede llevar en sí mismo varios meses entre trámites y desplazamiento del expediente entre distintos departamentos administrativos.
Un elemento básico es el sistema de contratación exigido por la legislación española, y que más recientemente ha incorporado extensamente las prácticas exigibles a nivel europeo. La nueva Ley de Contratos del Sector Público, de 2007, al igual que la anterior exige estrictamente la convocatoria de concursos públicos y en condiciones de igualdad para la adjudicación de los trabajos que no pueden llevar a cabo directamente las distintas administraciones públicas. Una obligación positiva, la de los concursos administrativos, que evita actuaciones discrecionales pero que requiere de un tiempo que se transforma en largísimo.
Una vez superados los poderosos escollos que supone la fase previa de la iniciativa, se debe iniciar el procedimiento de contratación que en el caso de obras de arquitectura o infraestructura precisan de la adjudicación previa del correspondiente proyecto técnico. Ello comporta la elaboración de pliegos de condiciones específicos para la elaboración de la consultoría técnica además de los administrativos necesarios.

Centro Polideportivo de la Higuerita. La Laguna, 2008. Planta semisótano de Piscina

Los pliegos técnicos para la adjudicación de los correspondientes proyectos tienen una incidencia decisiva en el resultado de la obra pública que se pretende ejecutar y a lo que no se le suele prestar la atención debida. Normalmente, el criterio fundamental que aplican muchas administraciones es el del menor coste y menor tiempo de ejecución del trabajo en la elaboración del proyecto técnico lo que redunda de una manera absolutamente lógica e implacable en un deterioro de la calidad final del edificio y, en definitiva, de la inversión. Ello se hace por que estos criterios hacen el trabajo mucho más fácil y sencillo para el funcionario responsable a la hora de elaborar el y resolver el expediente de concurso obligatorio.
En el caso del edificio que nos ocupa, el conjunto social y deportivo de la Higuerita, el criterio fundamental por el que se nos adjudicó el trabajo tuvo que ver con un cóctel relacionado con una pequeña baja en el coste, un tiempo de ejecución disparatado y, sorprendentemente, el planteamiento metodológico para la ejecución del trabajo, lo cual nos fue comunicado con posterioridad. La posible calidad del futuro trabajo no fue contemplada en ningún caso, de acuerdo al baremo de adjudicación,. Lo cierto es que no se presentó ninguna idea sobre la arquitectura a realizar porque no se nos exigía.
La elaboración del proyecto tuvo muchas dificultades puesto que el programa exigido finalmente no encajaba de una manera adecuada en la parcela designada. Se pedía un polideportivo cubierto, piscina doble para natación terapéutica y de entrenamiento que permitiera competiciones hasta 25 metros y gimnasio junto con las instalaciones complementarias de servicio, vestuarios, sauna, administración, etc. Por otra parte, debía encajarse también un centro orientado específicamente a la mujer, con una guardería y ludoteca incorporadas. En algún momento, se consideró también la posibilidad de realizar un gran aparcamiento subterráneo que alcanzase las doscientas plazas. Finalmente, se pedía la ordenación de los espacios exteriores como plazas ajardinadas de acceso.
Para encajar este extenso y variado programa hubo que hacer múltiples filigranas y cuyo resultado final significó propiciar la modificación de la ordenación prevista por el plan urbanístico del municipio. La solución final consistió en la separación de las actividades deportivas y las sociales y su concentración en edificios específicos que, en el primer caso, dio lugar a un edificio de cuatro alturas, colocándose la piscina y el gimnasio en semisótanos y el polideportivo con su espacio para espectadores sobre rasante de las calles colindantes. La suerte fue que la parcela presentaba un desnivel global superior a los 8 metros lo que permitió encajar semienterrado el edificio deportivo en el extremo superior y el social en la parte inferior, reservando un gran espacio central para plaza pública de acceso.
Lógicamente, el ensamblaje y la resolución técnica de este complejo llevaron muchos meses. Más de los previstos inicialmente debido a los múltiples cambios y ajustes que fueron necesarios, tanto en la definición del proyecto como en la esfera administrativa y urbanística.
La segunda parte de la cuestión fue la adjudicación de la obra. Nuevamente en este caso, el criterio administrativo predominante se impuso y la obra se otorgó a la oferta que presentó el menor coste. En este caso, hubo que remodelar el expediente para encargar solo uno de los edificios, el que se refería a las instalaciones deportivas y con unos plazos exiguos y una baja económica descabellada, superior al 20% de lo presupuestado, lo que evidentemente trajo consecuencias. Algo normal, por otra parte en este país, que generalmente tiene unas consecuencias económicas nefastas.

Centro Polideportivo de La Higuerita. La Laguna, 2008. Sección general del edificio

En una situación así, las empresas constructoras que trabajan en el entorno de Canarias confían en las imprevisiones de proyecto o la aparición de circunstancias que desvirtúen lo previsto inicialmente para recuperar el dinero previamente rebajado. En este caso, surgió un procedimiento administrativo superpuesto que consistió en la adjudicación administrativa de la gestión posterior del centro, justo al comienzo de la obra. La empresa adjudicataria de la gestión deportiva exigió inmediatamente un cambio sustancial de los espacios definidos en el proyecto adjudicado dando pié a lo que se conoce en el argot de las constructoras como el “reformado”.
Es en la definición de este nuevo documento (y en la dura negociación posterior) cuando el adjudicatario trata de restablecer el equilibrio económico y lograr los mejores beneficios posibles para la empresa. En este caso, la negociación del monto final del “reformado” ha llevado más de dos años con innumerables versiones y batallas para las que se han empleado todo tipo de recursos, artimañas y descalificaciones.
El resultado final es una obra que ha sufrido la incidencia de las incomprensiones de los numerosos actores intervinientes y que a pesar de haberse acabado y puesto en uso, todavía presenta numerosos inconvenientes y elementos mal ejecutados. Es significativo del disparate ejecutivo que estuvo incluso en cuestión la capacidad portante de la estructura debido a una mala calidad de los elementos constructivos empleados que no cumplían las exigencias mínimas de la instrucción constructiva aplicable.
Toda esta intrahistoria que está presente de una manera parecida en muchos trabajos de arquitectura para las administraciones públicas es el resultado de unas prácticas burocráticas lastradas por una ineficacia manifiesta que redundan en la ejecución de unos bienes públicos de baja calidad, orientados indefectiblemente a una mala construcción o a un despilfarro de los cada vez más escasos recursos económicos colectivos.